La necesidad de aprobar un baremo de daños específico para el sector sanitario fue uno de los temas de debate clave en el XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario. En la mesa titulada ‘El proyecto de baremo de daños sanitarios: volver a empezar. Una necesidad insoslayable‘, moderada por Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de AMA, se defendió la idea de la necesidad de un baremo de daños específico para nuestro sector. En palabras de Raquel Murillo, “se ha ido utilizando un baremo de tráfico que no resuelve de forma completa los problemas en el ámbito de la responsabilidad civil sanitaria. Cuestiones como el estado previo del paciente, o la existencia de secuelas hacen necesaria la aprobación de esta herramienta«.
Se trata de un proyecto que lleva en desarrollo más de una década, pues ya en 2004 la exministra de Sanidad, Elena Salgado, se mostró a favor del desarrollo de una norma específica al respecto. Seguramente, la inestabilidad política ha mantenido al baremo en el cajón legislativo. Sin embargo, según ha confirmado Ángel Luis Guirao, subdirector general de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del SNS del Ministerio de Sanidad, su aprobación está más cerca que nunca.
Puntos pendientes de desarrollar
Según Guirao, el Gobierno comenzó a trabajar en el baremo en enero de 2018: «La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, designó un grupo de 19 expertos para su elaboración. Han participado tres grupos de trabajo, uno de carácter jurídico, otro pericial y un tercero actuarial asegurador. El baremo que desarrolla Sanidad será vinculante, como el de tráfico, y cumple los objetivos de seguridad jurídica e igualdad«.
Guirao explicó durante el XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario que aún está pendiente elaborar «dos puntos del articulado del anteproyecto, valorar las tablas de compensación y la evaluación por parte del Consejo Interterritorial«. No obstante, el subdirector fue muy claro al señalar que «la tramitación del proyecto de ley requiere la formación de un Gobierno estable», condición sine qua non para ponerlo en marcha.
«En el momento en que la situación de estabilidad política lo permita se iniciará la tramitación de la ley».
Entre las ventajas más destacadas de la aprobación del baremo se encuentran la reducción de la Medicina defensiva, mejora en la agilidad en el cobro de compensaciones y una mayor seguridad para los pacientes, cuestiones prioritarias para dar a los profesionales sanitarios un ambiente de trabajo adecuado. Murillo puso sobre la mesa que «las altas cuantías indemnizatorias impuestas por los tribunales fomentan la Medicina Defensiva”. “Quizá este baremo no es la única medida necesaria, pero ayudaría a mejorar la situación«, señaló.
El riesgo de la Medicina defensiva
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Serafín Romero, mostró también su malestar por el constante aplazamiento de la aprobación del baremo: «Esto parece el día de la marmota«.
Romero argumentó que «la Medicina Defensiva debería evitarse, es una desviación de la buena práctica. Sin embargo, en España cerca del 90 por ciento de médicos de Urgencias considera que viene realizándose este tipo de Medicina«. Concretamente, una encuesta de la OMC entre profesionales médicos puso de manifiesto que “el 90% de los consultados considera que viene realizándose medicina defensiva y más del 60% cree que se alargan de forma innecesaria los tiempos de estancia de los pacientes diagnosticados por prevención ante posibles problemas legales”.
Sobre el uso del baremo de tráfico en casos médicos especificó que «no se puede considerar igual el daño que se le produce a una persona completamente sana en un accidente que a una persona que llega con una patología a un centro«. Romero considera que la no existencia de esta herramienta perjudica al paciente y al SNS.
Por su parte, el magistrado letrado del Gabinete Técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, José Carlos López, matizó que «existe fuerte voluntad para que exista este baremo, pero no se puede cejar en que deben escucharse todas las voces (víctimas, profesionales, aseguradoras, abogacía…)«. Además, defendió durante su intervención que «la especificidad de los daños derivados de la actividad sanitaria«, es el principal argumento de peso para defender el baremo.
Su compañero, el magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, César Tolosa, añadió que sin esta norma «se produce una compensación inadecuada porque en algunos casos hay una sobreestimación del daño y en otros una subestimación. La falta de predictibilidad judicial es un problema. Hay una enorme heterogeneidad en la imposición de indemnizaciones. Las partes prefieren jugarse las cuantías en un pleito en lugar de llegar a un acuerdo. Se produce además un retraso importante en la satisfacción de estas indemnizaciones«.
A día de hoy, se sigue produciendo una enorme heterogeneidad en las decisiones judiciales, porque la fijación de las indemnizaciones está sometida a un alto grado de subjetividad judicial.
