La Fiscalía de Seguridad Vial impulsa la protección de los derechos de las víctimas de tráfico.
El Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, anunció en una rueda de prensa celebrada el pasado 18 de abril, que la Fiscalía que dirige ha remitido una circular a todas las Policías con competencias en materia de Tráfico en la que detalla de forma pormenorizada los supuestos en los que, ante una infracción, se debe levantar atestado y dar traslado al juzgado correspondiente, en el que el Ministerio Fiscal velará porque las víctimas puedan recibir con prontitud el justo resarcimiento.
«Se trata de dar una tutela penal, mucho más sólida y beneficiosa, a las víctimas de modo que sean adecuadamente resarcidas y reparadas tanto en la parte moral como económica» señaló Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, al dar a conocer la orden. También se busca que haya un mismo criterio nacional y evitar que un siniestro pueda acabar con una sentencia condenatoria en una provincia, y en otra un accidente similar se archive o ni siquiera se inicie el procedimiento.
La Fiscalía de Seguridad Vial ha elaborado una orden con los siniestros en los que es obligatorio elaborar un atestado.
Los casos que se estipulan son aquellos accidentes con víctimas causados por no guardar la distancia de seguridad; en adelantamientos; por no respetar las preferencias de paso; en cambios de dirección; los ocasionados por distracciones, fatigas y sueño y los que afectan a los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas). Además, y con carácter general, a todos aquellos que ocasionen fallecidos y determinadas lesiones graves y crónicas.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, presente también en la rueda de prensa, quiso recalcar que los accidentes de tráfico son una verdadera pandemia mundial que provoca más de un millón de fallecidos al año en el mundo.
A su vez, durante el encuentro informativo, tres víctimas ofrecieron su testimonio sobre las consecuencias y el dolor que provocan los siniestros de tráfico. Además de agradecer la labor de la Fiscalía con las víctimas en la defensa de sus derechos, coincidieron en resaltar la necesidad de concienciar a la sociedad, y es que “si los accidentes de tráfico son una pandemia, tenemos una vacuna contra ella, que es la educación”.
Vargas explicó como la red de Fiscales especialistas va a trabajar en coordinación con las diferentes Policías, garantizando la seguridad jurídica en todo el territorio, y así llevar a cabo la tutela de los derechos de todas las personas afectadas, que ven truncadas sus vidas e incluso padecen la pérdida de sus trabajos.
LA VÍA CIVIL, MÁS CARA Y MENOS EFECTIVA
Vargas se lamentó de la rapidez con la que van a juicio los grandes excesos de velocidad y las elevadas tasas de alcoholemia o por drogas; y en cambio, lo difícil que resulta seguir ese camino en siniestros con muertos y heridos, incluso cuando se prevén penas de hasta nueve años de prisión.
Todo, después de que en 2015 se despenalizaran muchas imprudencias al volante, antes tratadas como juicios de faltas y que ahora pasan a la vía civil. Un procedimiento que recorta los derechos de las víctimas y les obliga a asumir de su bolsillo pruebas que son rápidas y gratuitas en la vía penal. Lo cual lleva a que, en muchos casos, tengan que negociar en inferioridad de condiciones con las aseguradoras indemnizaciones «muy insuficientes».
Vargas recordó que la iniciativa tomada ahora viene respaldada por una sentencia del Tribunal Supremo de 2020. E insistió en su idoneidad ante «la pandemia que suponen los accidentes de tráfico» y el temor a que «repunten cuando se normalice la movilidad».
