Un artículo de Luis Javier Sánchez para CONFILEGAL

Las principales Asociaciones de Abogados de Víctimas de Tráfico como son los casos de Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava-RC), Abogados de Víctimas (Adevi), la Associació d’Advocats de Víctimes d’Accidents de Catalunya (Adaviac), y Stop Accidentes han pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, que resuelva este atraso.

Porque supone un ahorro de 45 millones a las empresas aseguradoras en indemnizaciones a las víctimas de accidente de tráfico. Son los grandes beneficiados.

Los abogados de víctimas de accidentes han remitido una carta a Calviño en la que muestran su indignación porque a día 1 de julio de 2022 no se hayan publicado todavía la actualización de las bases técnicas actuariales del baremo de autos.

Siete días después, el silencio de Calviño ha sido la respuesta. Ni siquiera ha habido acuse de recibo. La propia ley obliga al Gobierno a hacer estas actualizaciones, pero a día de hoy no lo hacen.
Según explican los promotores de esta iniciativa, este documento es de vital importancia para los grandes lesionados porque con él se deduce el cómputo de las indemnizaciones referidas a cálculos actuariales como la ayuda de una tercera persona o los gastos sanitarios que va a necesitar a futuro en función de los años de vida que le quedan a la víctima.

El Gobierno a través de la Dirección General de Seguros prometió actualizar el baremo, pero en una extraña protección al sector asegurador en perjuicio de los ciudadanos, puede desembocar en que pierdan cerca de 90 millones de euros en indemnizaciones que ahora se encuentran desactualizadas.
“Este Gobierno, de corte progresista, a través de la Dirección General de Seguros prometió actualizarlo, pero no le pone mucho interés. Tanto es así que según fuentes del sector asegurador las nuevas bases técnicas representan un aumento de las indemnizaciones en cerca de 90 millones de euros”, comenta Manuel Castellanos, presidente de Anava-RC.

También indica que “el no haber entrado en vigor desde el 1 de enero de 2022 les ha supuesto un ahorro a las compañías aseguradoras de unos 45 millones y cada mes de retraso otros 7´5 millones que lo están dejando de cobrar los lesionados con graves secuelas”.
Este dinero se ha incrementado por la baja siniestralidad existente en estos momentos, donde el teletrabajo está siendo un elemento importante.

NECESIDAD DE MODIFICAR EL BAREMO

Esto se suma al inexplicable retraso de la modificación del baremo, según el informe razonado de la comisión de seguimiento hecho público desde hace más de un año y que tampoco se ha implantado.
Dichas tablas están vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional que ahora es un 50 % más alto que cuando se realizaron. Se ha pasado de 600 euros mensuales a los 1.000 euros actuales.
Con anterioridad, estas asociaciones se dirigieron el pasado mes de mayo a Javier Castillo, subdirector general de regulación y relaciones internacionales del Ministerio de Economía y Transformación Digital quien acusaba recibo con otra misiva del pasado 24 de mayo donde y señalaba que el Ministerio estaba trabajando en la actualización de dichas bases actuariales.

Ha pasado el tiempo y no se ha modificado nada mientras el tiempo corre y las víctimas de tráfico siguen perdiendo dinero.

En su respuesta comentaba que “las modificaciones ocasionadas por el incremento del Salario Mínimo Profesional y el incremento de las pensiones han hecho que dicho centro técnico haya vuelto a revisar dichas bases técnicas para evitar su desactualización. También señala que se está ultimando la última actualización”.

Sin embargo, ha pasado el tiempo y no se ha modificado nada mientras el tiempo corre y las víctimas de tráfico siguen perdiendo dinero.

Castellanos explica a Confilegal que las pensiones se calculan sobre unas bases actuariales referenciadas a un SMI, que ahora está en 1000 euros, año tras año están perdiendo dinero. La situación se agrava cuando estas personas tienen que hacer frente a la ayuda en tercera persona que necesitan para moverse a diario, lo que incrementa los costes.
De hecho, esas bases técnicas se utilizan para concretar las rentas vitalicias; los gastos futuros, las prótesis que todo está en el baremo y está desactualizado desde diciembre del 2021. “Ahora no hay ningún motivo para que no se actualice”.

LOS GRANDES LESIONADOS, GRANDES PERJUDICADOS

José Pérez Tirado, asesor jurídico de Stop Accidentes, destaca que estas bases técnicas están recogidas en el artículo 48 de la ley del baremo de tráfico. “Su actualización ha sido complicada, finalmente la Comisión de Expertos hace más de un año que terminó de revisar porque estaban desfasadas. Tiene un SMI irreal”.

Al final, el principal efecto que genera es que “se trata de calcular las rentas y gastos futuros de estos grandes lesionados, así como la ayuda de tercera persona que tengan estas personas que tienen graves lesiones. En estos momentos sobre los grandes lesionados se puede hablar del 1 o 2 por cien de los lesionados totales”.

Para este jurista “estos grandes lesionados se les indemniza incorrectamente porque no se tienen en cuenta el SMI actual. Creo que la queja de las asociaciones de víctimas de accidentes es pertinente y la carta enviada a la ministra Calviño». Perjudica «a todos los lesionados con silla de rueda con tetraplejia, con amputaciones o que están en sillas de rueda que se les indemniza con datos económicos muy antiguos. EL SMI ha cambiado bastante y ese es un dato a tener en cuenta”, según José Pérez Tirado, de Stop Accidentes.

La Dirección General del Seguro aseguró que las bases técnicas que se terminaron de actualizar el pasado verano iban a entrar el 1 de enero del 2022, pero no ha sido así y aún estamos esperando.

El abogado recuerda que “estas medidas se pactaron con el sector asegurador, UNESPA está pagando menos pero no tiene culpa. Es evidente que se beneficia de pagar menos. Pero se llegó un acuerdo entre las asociaciones de víctimas; el Consorcio de Compensación de Seguros y la propia patronal del seguro UNESPA. No se entiende que algo que se pacta pase algo más de un año y siga sin aplicarse”.

Respecto a la solución, “parece que se ha consultado también al Ministerio de Asuntos Sociales, que se preocupa por el tema de la discapacidad. Es previsible que la próxima semana este Ministerio dará un informe al Ministerio de Economía para resolver este tema”.
“Estamos ante una Orden Ministerial donde la ley autoriza que la autorización de las cifras económicas tiene la competencia la Ministra de Economía. La solución es sencilla, que la señora Calviño firme la orden ministerial. Esto no lo paga nuestra administración, sino las propias aseguradoras. No cuesta un duro a nuestra administración”.

GRAVE AFECTACIÓN A LOS CIUDADANOS

Para las Asociaciones de Abogados de Víctimas de Tráfico “esta situación es más que indignante y urgimos al Gobierno a actualizar las bases técnicas que se debían haber realizado a los 3 años de la publicación de la Ley del 2015 y no se hizo. Después aseguraron que tendrían lugar a los 5 años como máximo y han pasado 6 y tampoco se han actualizado”.

“Consideramos que esto ya es una tomadura de pelo a los ciudadanos y, en especial, a las víctimas de accidentes con graves secuelas. Con este sorprendente retraso son las compañías aseguradoras las que, una vez más, salen beneficiadas en perjuicio de las víctimas”, continúa Castellanos.

El Gobierno no parece entender que a pesar de que estas víctimas son las menos en nuestro país y representen un minúsculo porcentaje de la siniestrabilidad total del automóvil, tiene todo el sentido especialmente para ellas, que se actualice el sistema de protección, indemnización y solidaridad que desde Europa se reclamó y que culminó con la última reforma del sistema con la Ley 35/2015.
Por si esto fuera poco, a ello se suma que la propia Ley que publicaba el nuevo baremo establecía en su Disposición Adicional Segunda, que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones promoverá, en su caso, las modificaciones que considere convenientes, habiéndose publicado desde hace más de un año un informe razonado elaborado por la Comisión de Expertos con mejoras sustanciales en el baremo.

A este respecto, Castellanos recuerda que hay cincuenta medidas que están consensuadas en las que están de acuerdo las víctimas y el sector asegurador, que redundarán en beneficio de los perjudicados por accidentes y que tampoco se han implantado por la desidia de la administración.