Desde el año 2009 se está llevando a cabo la reforma más profunda y seria del Sistema para la Valoración de los Daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico vigente desde el año 1995 en su redacción actual incluida en el RDL 8/2004, de 29 de octubre, modificada por la Ley 21/2007, de 11 de julio.

Esta reforma será histórica en cuanto es la primera vez, desde la promulgación de la primera de las leyes aprobadas para la materia, que se reúne una comisión de trabajo que aglutina todos los intereses en juego y principales representantes de la sociedad civil y profesional especializada en la materia para su revisión. Asociaciones de víctimas, sector asegurador, doctrina científica, Universidad, Fiscalía, Magistratura, representantes de los principales colegios profesionales de actuarios y economistas, asociaciones de peritos médicos, y la abogacía. Es justamente en representación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que Xavier Coca Verdaguer ha actuado de forma activa y coordinada con todo un equipo de especialistas en defensa de la profesión y el equilibrio de los derechos en juego en esta reforma.

Han sido 4 años de intenso trabajo donde se han vivido momentos de máxima tensión entre los principales intereses contrapuestos pero que finalmente, si el proyecto pasa los correspondientes trámites parlamentarios tal y como ha quedado aprobado por todos los miembros de la Comisión de Expertos, parece que se habrán conseguido prácticamente la mayor parte de los objetivos planteados y, lo que es más importante, un sistema de valoración probablemente ejemplar para los países de nuestro entorno, sobre todo en cuanto a su vertebración, estructura y conceptos indemnizatorios.

El proyecto, ofrece importantes mejoras especialmente en lo que hace referencia a los grandes lesionados y los perjudicados por víctimas mortales, donde la previsión de lucro cesante futuro y el resarcimiento de los gastos de asistencia sanitaria, prótesis y ortesis médicas futuras, es uno de los puntos más proteccionista y revolucionario de la reforma. El proyecto separa casi a la perfección los daños patrimoniales de los morales y pese substituir el concepto de restitución íntegral del daño por el de “cuantías socialmente suficientes y razonables que respeten la dignidad de las víctimas” como justificativo de los límites económicos máximos en las tablas de perjuicios que su acreditación matemático-actuarial más o menos exacto es posible, finalmente queda un sistema que le da un sentido integral y lógico a la valoración del daño corporal y que mejora sin duda la actual.

La eliminación de los conceptos indemnizatorios ligados a definiciones del mundo laboral por otros más puramente morales, la protección integral de las víctimas menores de catorce años con independencia de la culpa, la obligación de las aseguradoras de entregar el informe médico definitivo que permita valorar las lesiones de las víctimas, la indemnización del lucro cesante de las amas de casa o de las personas pendientes de entrar en el mercado laboral… son conceptos que revolucionarán seguro el futuro de la valoración del daño de nuestro país, marcando un antes y un después que no nos dejará indiferentes.

Ahora bien, no todo serán cánticos de felicitación. El castigo a las pequeñas lesiones, las más numerosas en las estadísticas del sector asegurador, la forzada y poco médica definición de la lesión producida como consecuencia de un latigazo cervical o su discutible y restrictivo reconocimiento como secuela con criterios contrarios a la ciencia médica, la reducción del valor de las incapacidades temporales, el ínfimo incremento del valor del punto de secuela de la antigua tabla III o la limitación de la indemnización de lucro cesante futuro con límites establecidos, seguro que no dejarán indiferente ni a la sociedad en general ni a los especialistas en la materia, pero, en cualquier caso, desde COCA ABOGADOS creemos que la norma representará un sustancial e importantísimo avance respecto a la regulación actual y una gran noticia para las víctimas de accidentes de tráfico.