El VI Encuentro de Ciudades 2030 que se ha celebrado en Zaragoza los días 21 y 22 de octubre, ha concluido con una declaración de quince puntos que se consideran «esenciales» tras los debates y las distintas intervenciones.

La VI edición del Encuentro de ciudades congregó de forma presencial durante dos días a más de 250 expertos en movilidad urbana.

Durante los dos días de ponencias, se abordaron temas como las estrategias de movilidad y seguridad vial a seguir, las Ciudades 30 como calles seguras, sostenibles, saludables y habitables, las zonas de bajas emisiones, la distribución urbana de mercancías, la seguridad de los usuarios vulnerables, la vigilancia de los comportamientos de riesgo y la comunicación en esta nueva movilidad urbana.
El encuentro finalizó con la lectura de la Declaración del VI Encuentro de Ciudades cuyo pilar es la necesidad de integrar la seguridad vial en las estrategias locales de movilidad sostenible y hacer de esa la movilidad sostenible y de la accesibilidad universal valores fundamentales en la planificación y gestión de nuestras ciudades.

A continuación, reproducimos la Declaración aprobada en dicho Encuentro:

• Manifestar que toda muerte y lesión grave en accidente de tráfico es prevenible e inaceptable, y que la actuación de todas las administraciones, organizaciones, empresas y profesionales con influencia sobre las condiciones de seguridad de nuestros desplazamientos debe regirse por este imperativo ético, haciendo nuestros los principios del sistema seguro.
• Suscribir los principios del denominado enfoque de sistema seguro, impulsado por los principales organismos internacionales, de acuerdo con los cuales el sistema de movilidad debe ser diseñado teniendo en cuenta las limitaciones humanas.
• Reafirmar el compromiso con la mejora de la seguridad vial, suscribir el objetivo de reducir el número de muertes y lesiones graves en un 50% en la década 2021-2030 y solicitar al Gobierno la aprobación de una Estrategia de Seguridad Vial que no solamente tenga en cuenta este objetivo, sino que además aspire a eliminar las diferencias entre las ciudades y el ámbito interurbano, en términos de reducción de la siniestralidad. Al mismo tiempo, animar a todas las administraciones, organizaciones y empresas a adoptar, en sus ámbitos de actuación, planes, estrategias y objetivos alineados con esta aspiración.
• Solicitar al Gobierno que asegure una adecuada coordinación entre las diferentes estrategias y políticas vinculadas a los ámbitos de la movilidad, la seguridad vial, el medio ambiente o la salud pública; así como a garantizar en todo momento una adecuada gobernanza con las entidades locales.
• Impulsar procedimientos efectivos que permitan un mejor conocimiento sobre los datos de accidentes, movilidad e indicadores de seguridad (como velocidad, cinturón, casco y alcohol), que permitan realizar una adecuada y eficaz gestión basada en riesgos. Para poder tomar las mejores decisiones, es conveniente conocer bien cuales son, de la manera más objetiva posible, los problemas derivados de la seguridad vial y sus causas. Por ello, se deberían identificar los indicadores estadísticos que permitan analizar la evolución de la seguridad en cada ciudad (e incluso en cada ámbito o uso de las vías urbanas), evaluar la efectividad de políticas y realizar comparaciones entre ciudades.
• Instar a todos los municipios a desarrollar Planes de Movilidad Urbana Sostenibles y Ordenanzas de Movilidad con integración plena de la seguridad vial como elemento esencial de la planificación urbanística, y basados en una pirámide de prioridades en cuya cúspide figuren los peatones, los ciclistas y el transporte público, como principales colectivos vulnerables a proteger y fomentar.

Grande-Marlaska marca como objetivo reducir la mitad el número de fallecidos en accidente de tráfico para el año 2030

• Instar igualmente a todas las administraciones públicas, organizaciones y empresas a elaborar y ejecutar planes de movilidad para los desplazamientos in itinere y en misión de sus trabajadores, así como a establecer la seguridad vial como una prioridad en toda la cadena de valor de sus actividades, requiriendo, para sí mismas y sus eventuales contratistas, exigencias de seguridad relativas a las características de las flotas de vehículos y sus condiciones de utilización y mantenimiento.
• Implicar a la sociedad civil en la toma de decisiones, fomentando la participación y el debate ciudadano sobre los aspectos relacionados con la movilidad local y la seguridad vial, a través de los órganos de consulta (como consejos y mesas de diálogo), con el fin de crear una clara conciencia sobre los riesgos viales y fomentar un sentido de responsabilidad y respeto hacia las normas de tráfico que garantice la convivencia segura en nuestras carreteras y calles.
• Reconocer la necesidad de regular y contar con un diseño urbano adecuado que permita realizar el reparto de mercancías en ámbitos urbanos de forma racional y satisfactoria, actividad que ha venido experimentando un notable crecimiento en los últimos años.
• Reconocer el principio de accesibilidad universal como un principio fundamental que debe inspirar la actuación de todas las administraciones públicas, con el fin de disponer de itinerarios peatonales continuos, accesibles y seguros para todas las personas, con una especial consideración a los niños, las personas de edad avanzada y las personas con movilidad reducida.
• Reafirmar el papel fundamental de la velocidad como parámetro decisivo del riesgo de lesión mortal o grave en caso de accidente, y como elemento fundamental de una convivencia segura entre modos de transporte. Al mismo tiempo, exhortar a todas las administraciones competentes a adoptar aquellas medidas y actuaciones que favorezcan el calmado del tráfico, combinado la gestión del tráfico con un diseño viario adecuado.
• Reconocer la importante labor que realizan los municipios en la educación y formación vial de sus ciudadanos. Fomentar, igualmente, la educación desde todos los ámbitos posibles de nuestra sociedad (familia, escuela, empresas y, en general, desde todas aquellas instancias que estén capacitadas para transmitir los valores de la movilidad sostenible y segura.
• Destacar la importancia de la vigilancia y control de los comportamientos de riesgo en la mejora de la seguridad vial, manifestando la necesidad de reforzar los recursos disponibles y la capacitación de los policías locales y agentes de movilidad en esta materia.
• Exhortar a todos los poderes públicos a mejorar la atención y la información a las víctimas de los accidentes de tráfico y a sus familiares, orientándolos sobre los recursos y servicios que las instituciones ponen a su disposición, y a reconocer que una respuesta efectiva después del accidente también incluye una adecuada reinserción social y laboral, así como un apoyo psicológico-mental, social y legal adecuado y suficiente.

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