Según las últimas estadísticas publicadas, el año pasado en España se produjeron 1.072 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que fallecieron 1.180 personas y 4.515 personas resultaron heridas.
Estos datos suponen una ruptura de la tendencia al alza en la siniestralidad vial de los últimos cuatro años, ya que ha habido 18 fallecimientos menos que en 2017. Todo ello en un escenario en el que, gracias a la mejoría económica, los desplazamientos aumentaron un 2% (7,8 millones más), el parque de vehículos un 3% (con lo que se alcanza un parque de vehículos de 33,7 millones) e, igualmente, el número de conductores se ha situado en 26,8 millones, lo que supone un aumento del 1% respecto al año anterior.
Evidentemente, el coste humano de estos accidentes es incalculable, por tanto, sólo es valorable como tragedia para las familias afectadas. A no ser que el fallecido sea un conocido futbolista, en cuyo caso, el mundo parece detener su pulso, dando la sensación de que a todo el mundo se le ha muerto algo.
Al drama humano que va asociado a los accidentes de tráfico, se suman una serie de costes económicos a los que debe hacer frente la Administración. Según el informe elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social “Los accidentes de tráfico y su incidencia en el Sistema de la Seguridad Social”, a la hora de cuantificar el impacto económico directo, se debe atender a una clasificación en tres tipos:
- Los costes de los servicios de emergencia. Suponen los derivados del rescate, primera atención y traslado de los pacientes a los centros sanitarios, y dependen de los medios que sea necesario movilizar. Esta partida incluye los gastos generados en los servicios centrales de coordinación de los servicios de emergencia.
- La segunda parte de los costes corresponde a los gastos médicos y sanitarios, tanto de hospitalización, como de tratamiento ambulatorio, generados por el 85% de los heridos leves.
- La tercera partida es la determinada por las secuelas de las personas afectadas, que incluye las prestaciones tanto de las víctimas directas (hablaríamos de pensiones por discapacidad), como prestaciones para los familiares afectados, como serían pensiones de orfandad o de viudedad.
Esto nos llevaría a una media de 250 millones de euros al año en los años que contempla este estudio, que son los que van desde el 2.000 al 2.010 y que tiene su pico más alto en el 2.007, con 275 millones de euros de coste directo sobre las arcas del Estado.
Sin embargo, si atendemos al informe presentado por la Fundación Línea Directa, titulado “El impacto de los lesionados por accidente de tráfico en la seguridad vial – Análisis y evolución de una década”, elaborado con los datos del 2.006 a 2.015, los accidentes de tráfico en España tienen un coste cercano a los 10.000 millones al año, a los que hay que sumar los desperfectos provocados, cuyo coste asciende a unos 3.500 millones al año. Datos que coinciden con los manejados por la OCDE para nuestro país, que determina que el coste estimado de la factura total de los accidentes de tráfico en España podría superar los 13.000 millones de euros.
Según este informe de la Fundación Línea Directa, en esta valoración de costes se incluyen los directos de salud (servicios médicos, rehabilitación, ambulancias, etc.) o daños a la propiedad, los derivados de los desperfectos provocados, así como las pérdidas de ingresos en general (ocasionada por la imposibilidad de trabajar del accidentado) u otros costes relativos a temas legales o judiciales.
Volviendo al informe de la OCDE, aunque en el mismo se alaban los grandes progresos de nuestro país en los últimos años, se señalan varios frentes en los que aún deben mejorar:
- El primero es el alto porcentaje de accidentes en los que los involucrados se hayan bajo el efecto de drogas o alcohol, o lo más preocupante y tendencia al alza, la combinación de alcohol con cocaína o cannabis.
- El segundo frente preocupante es el aumento de los accidentes debidas a las distracciones, en las que el uso del móvil es el protagonista y que va a provocar un cambio inminente de normativa que endurezca las sanciones, con más pérdida de puntos y más coste económico para el infractor.
- El tercer frente es el clásico exceso de velocidad. La inconsciencia, unida a las altas cilindradas de los vehículos, y el exceso de confianza suelen provocar los accidentes más absurdos.
Un artículo de Manuel González
CINCO DÍAS
