La velocidad máxima en las ciudades se reducirá de 50 a 30 km/h con el objetivo de reducir los accidentes. Así lo ha anunciado esta semana la Dirección General de Tráfico a través de Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT.

Este nuevo límite urbano se va a establecer a través de un Real Decreto que ultima el Gobierno y que pretende regular con carácter supramunicipal la movilidad en las ciudades y poner orden en la cogestión que sufren las zonas denominadas DUM o de descarga urbana de mercancías.

Susana Gómez, directora adjunta de la DGT, avanzó en una jornada sobre logística en Zaragoza que el Real Decreto de medidas urbanas se publicará antes de que termine el año

La DGT, que valora incluso llegar a limitar la velocidad en las urbes a 20 km/h como sucede en otros países, quiere reducir el aumento de la siniestralidad causado por las furgonetas de reparto en las ciudades españolas que, según sus datos, ha aumentado en un 69%.

Reducir la siniestralidad

Gómez ha asegurado que hay que hacer «algo» para reducir la siniestralidad que conlleva el reparto cada vez mayor de mercancías en la ciudad.

Uno de los objetivos de Tráfico es contribuir a la pacificación de las ciudades poniendo al peatón como protagonista.

«Con 8.000 ayuntamientos en España y la gran heterogeneidad de regulaciones, se causa un enorme prejuicio al operador. Si a eso unimos la mayor presión de entregas domiciliarias por el Covid-19 y el incremento del comercio electrónico, urge regular el reparto de mercancías si queremos ciudades competitivas», ha explicado en declaraciones citadas por Heraldo.

Susana Gómez animó a los ayuntamientos a ser valientes y regular como ya ha hecho Londres el acceso a los centros de las ciudades con una categorización de los vehículos pesados basado en los elementos de seguridad del vehículo (cámaras, sensores que ayudan a detectar ciclistas o peatones, alertas acústicas o barras de protección), mediante un sistema de estrellas dando prioridad a los que estén dotados de más tecnología para evitar los atropellos de peatones, ciclistas, motoristas o cualquier otro conductor vulnerable.

Legislación para el reparto

El Real Decreto también incorporará la catalogación de los vehículos de movilidad personal que pueden destinarse al servicio de reparto de última milla con masas de hasta 350 kilos. Definirá a su vez, los vehículos de movilidad personal y posteriormente se publicará un manual de características técnicas que incluirá la catalogación técnica de vehículos que protagonizan la micromovilidad y los servicios a los que se destinan (DUM, particular, sharing, servicios urbanos de recogida de basuras etc). Partiendo de que «convivir con patinetes, bicicletas, motos y scooters, que ya son considerados vehículos de reparto, no es fácil, la logística de última milla ha pasado a ser del máximo interés para la DGT», al objeto de «contribuir a la pacificación de las ciudades poniendo al peatón como protagonista».

Con la correspondiente catalogación, los fabricantes proporcionarán a los vehículos un certificado de cumplimiento de las características técnicas exigidas por la DGT y éste tendrá que pasar por un laboratorio oficial que lo certifique. Solo de esta manera el vehículo podrá ser registrado tanto en la DGT como en el ayuntamiento.

Se necesita, según Susana Gómez, una norma de movilidad que ponga orden y que introduzca una serie de parámetros sobre longitud, masa de los vehículos que se dediquen a la DUM con la finalidad de permitir a las autoridades locales implementar medidas de discriminación positiva. Otra necesidad que desde la DGT puso de manifiesto en la jornada es la homogeneización de las señales en las zonas de carga y descarga en todo el territorio español, la de digitalizar las zonas de carga y descarga y facilitar los datos a aquellos integradores tanto públicos como privados para que todos los ciudadanos y operadores tengan información en tiempo real. «Hace falta una normativa similar a la de Alemania donde cada vehículo que circula responde a unas características técnicas, ha de cumplir con revisiones, normas de uso y pago de impuestos», concluyó.