Caídas en la vía pública por el mal estado o funcionamiento de los servicios públicos. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Caídas en la vía pública por el mal estado o funcionamiento de los servicios públicos. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Baldosas rotas vía públicaLa responsabilidad patrimonial de la Administración surge sin que exista contrato entre el administrado y la administración, exigiendo sólo un resultado dañoso, con independencia, como sucede en el derecho privado, que haya culpa o negligencia. Es decir, esta responsabilidad es objetiva, independientemente de la culpa o dolo de las autoridades, funcionarios y agentes del ejecutivo, exige la realidad efectiva de un daño o perjuicio que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa y efecto, pero que aparece fundada en el concepto técnico de “lesión” entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar.

La responsabilidad patrimonial de la Administración se regula en el artículo 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Hay tres supuestos en los que se puede dar esta responsabilidad patrimonial de la administración, en función de quién es responsable de los daños, que son los siguientes:

  • Cuando el causante es el poder ejecutivo. El daño se origina por el funcionamiento normal o anormal de un servicio público gestionado por la administración. El principio de responsabilidad de la Administración viene contemplado en el artículo 106.2 de la Constitución española, con carácter general y único para el conjunto de las Administraciones Públicas.
  • Cuando el causante es el poder legislativo. El artículo 139.3 de la Ley 30/92 dice que “las administraciones públicas deben indemnizar a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así lo establezcan los mismos actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos”.
  •   Cuando el causante es el poder judicial. Regulado en el artículo 139.4 de la Ley 30/92 y en el artículo 121 de la Constitución española. Tres supuestos dan lugar a la responsabilidad:

                o    Error judicial.

               o    Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

               o    Prisión preventiva improcedente.

Accidentes vía públicaLos requisitos exigibles para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración son:

1.     Que el daño sea efectivo, individualizado y económicamente evaluable.

2.     Que sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, exclusiva e inmediata de causa y efecto, cualquiera que sea su origen.

3.     Que no se haya producido por fuerza mayor o no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que la Ley 30/92 establece.

Para acceder a una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública debe existir una relación directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto entre el acto de la Administración y el daño que este acto ha producido, siendo necesario que exista un acto o una omisión de la Administración Pública y un daño derivado de ellas efectivo, real, evaluable económicamente e individualizado, lo que supone la existencia (activa o pasiva) de una actuación administrativa, con resultado dañoso y relación de causa a efecto entre aquella y ésta; incumbiendo la prueba a quien la reclame, a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de fuerza mayor, cuando se alegue como causa de exoneración.

Baldosas en mal estadoLas caídas en la vía pública son el ejemplo paradigmático de cuando es el poder ejecutivo quien causa el daño. Aceras en mal estado por baldosas mal colocadas o por defectos en éstas, obras sin señalizar y un largo etcétera, pueden ocasionar que los transeúntes caigan y se produzcan unas lesiones y unos daños patrimoniales o no que no tienen el deber de soportar, y que producen responsabilidad patrimonial de la Administración, surgiendo así el derecho del perjudicado a reclamar ante la Administración.

La indemnización a percibir por una caída en la vía pública se reclama directamente a la Administración causante mediante una reclamación patrimonial, es decir, ante el Ayuntamiento causante del daño, teniendo un año para reclamar a partir del momento en que las lesiones hayan curado o se haya llegado a la estabilización lesional. En caso de que esta administración no se haga cargo de la indemnización solicitada, se acudirá a la vía contencioso-administrativa o, caso de existir una compañía aseguradora, a la vía civil mediante la acción directa prevista en la Ley de contratos de Seguros.

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